La Unión Europea (UE) dispara contra las personas refugiadas que llegan a su territorio de muchas maneras. Dispara con sus políticas económicas, sociales, de extranjería; dispara con la actividad de sus multinacionales, con sus tratados de libre comercio, pero desde el pasado 2 de marzo, tiene también permiso para disparar con munición real.
Después de que Turquía abriera el fin de semana pasado sus fronteras hacia Europa, el ejército griego anunció este lunes el inicio inmediato de un ejercicio militar en la costa-este de la isla de Lesbos, allá donde llegan los refugiados. Con más de 3,5 millones de refugiados en su país, y con la presión de cientos de miles más que huyen de la guerra que él mismo está protagonizando en la provincia siria de Idlib, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan le anunciaba a Europa que “se ha acabado, las puertas ahora estarán abiertas, tendréis que compartir la carga”.
De este modo, Turquía pone fin, de manera unilateral, al trato pactado con los países miembros de la UE en 2016 según, el cual tenía que evitar que los refugiados que llegan a su país desde Afganistán, Siria, Irán o decenas de países africanos, cruzaran a Grecia a cambio de 6.000 millones de euros. Con la abertura de fronteras, se calcula que decenas de miles de personas refugiadas se han dirigido, con la colaboración de las administraciones turcas, hacia la frontera terrestre entre Turquía y Grecia, y otros miles están decididas a cruzar los 15 kilómetros de mar Egeo que los separan de Europa.
Según Turquía, desde la abertura habrían abandonado el país otomano 130.000 personas. Vistas las circunstancias, el gobierno griego, que en noviembre ya endureció agresivamente la ley de asilo, ha anunciado que durante el mes de marzo no aceptará más solicitudes de protección internacional y que todo migrante irregular, independientemente de su motivo de partida, será devuelto a Turquía sin pasar por ningún registro.
Primeras víctimas mortales
Tratadas como invasoras que ponen en riesgo la seguridad nacional, las familias que huyen de la guerra y la miseria de sus países de origen ahora pueden ser disparadas, primero a modo de aviso y luego contra su vida. La primera víctima mortal desde la abertura de fronteras turca se habría dado, según denunció el periodista de la BBC Mughira Al Sharif y otros profesionales a través de un video en Twitter, el lunes a las 9 de la mañana en la provincia turca de Edirne, en la frontera norte del país helénico, cuando la Guardia de Fronteras griega disparó contra un joven refugiado proveniente de Alepo, Siria, causando su muerte. El gobierno griego ha asegurado que se trata de “propaganda falsa turca”, pero la información ha sido confirmada a través de diversas fuentes.
Esa misma mañana, mientras el hashtag #IStandWithGreece, a modo de defensa de la mano dura de Grecia, se hacía viral, una patera volcó muy cerca del aeropuerto principal de la isla de Lesbos. Un niño de cuatro años murió en este episodio y otro quedó herido. Ese lunes, un mínimo de 17 embarcaciones llegaron a las islas del Egeo con aproximadamente 736 personas, según Aegean Boat Report (ABR).
El día siguiente, el martes 2 de marzo, fueron alrededor de 15 las embarcaciones que cruzaron el Egeo con 552 migrantes. De modo que, desde que la guarda costa turca ha dejado de perseguir a los refugiados que cruzan el mar Egeo pasando a colaborar con su misión, más de 1.300 personas, una tercera parte niños y niñas, habrían llegado a las costas griegas donde están hasta hoy durmiendo a la intemperie a falta del procedimiento de registro habitual que la supresión del derecho a asilo supone. “Ya no es un tema legal sino un tema político: aquí están violando cualquier tipo de procedimiento y derecho internacional”, denuncia la abogada griega Elli Kriona desde la isla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra son papel mojado en estos momentos en el país helénico. Los disparos con gases lacrimógenos y balas de goma del ejército griego disimulan entre humo y ruido los disparos de munición real. La tercera persona a la que balas griegas han arrebatado la vida ha sido, según denunciaba el miércoles 5 de marzo el periodista Piotr Zalewski, corresponsal de The Economist en Turquía, un hombre que junto a un grupo numeroso de personas intentaba cruzar la frontera turco-griega en el paso Pazarkule-Kastanies.
Son tantos los miles de personas -mayoritariamente provenientes de Afganistán y huéspedes de Turquía desde hace meses o a veces años- que ahora se deciden a cruzar la frontera, que las cuotas de los smugglers o traficantes de personas han bajado, tanto en la ruta por tierra como la que cruza el Egeo.
En el caso de esta última ruta, la situación se ha complicado notablemente. Las patrullas costeras que ahora hacen la vida imposible a las embarcaciones que se acercan a Europa, con disparos, desestabilizando los llamados dinguis, acelerando la velocidad cerca de ellos, o hasta a palazos, ya no son las turcas sino las griegas. “La guarda costa griega disparó a migrantes. Alarm Phone ha sido alertada de 2 barcos con 25 personas cada una cerca de Kastellorizo. El primer grupo volvió a Turquía y la guarda costa griega disparó al otro barco dejando dos hombres heridos”, reportaba el 3 de marzo Alarm Phone, el grupo de apoyo a las personas que cruzan el Mediterráneo.
Ante este giro brutal por parte del gobierno de Kiriakos Mitsotakis, los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han viajado a la zona fronteriza de Grecia con Turquía para dar total apoyo a Mitsoatakis, y ofrecer 700 millones de euros y 100 efectivos adicionales a los 530 que ya tiene Grecia de Frontex. “Agradezco a Grecia que sea nuestro escudo”, aseguró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Los ataques xenófobos y la huida de las ONGs
Desde la noche del lunes 24 de febrero, Lesbos vive una ola de excepcionalidad. Ese día centenares de personas de todo color político, social y geográfico, bloquearon conjuntamente la salida del puerto, ya que estaban alertadas de que se acercaba a la isla un barco cargado de efectivos antidisturbios proveniente de Atenas para reprimir las protestas que se habían organizado en contra de la construcción de un nuevo campo cerrado para refugiados.
Grupos de extrema derecha, locales conservadores, simpatizantes de Syriza, del partido comunista, anarquistas, voluntarios de ONGs, activistas internacionales y refugiados, por una noche respiraron juntos el gas lacrimógeno de la policía que logró que 300 efectivos policiales más y maquinaria de construcción desembarcaran a la isla. A partir de ahí, la isla se declaró en huelga general secundada por las organizaciones sindicales y el gobierno local. Fue durante las dos jornadas de bloqueos, manifestaciones y barricadas en toda la isla que se multiplicaron y agudizaron los ataques xenófobos contra personas refugiadas y voluntarios extranjeros de ONGs, que ya se han habían dado durante los últimos meses.
Un solicitante de asilo sirio y voluntario de la ONG vasca Zaporeak, quien prefiere guardar el anonimato por motivos de seguridad, explica que cuando volvían en coche de repartir comida en el campo de refugiados de Moria, “nos rodearon por todos lados, yo salí para ayudar a sacar el coche y de repente estaba en medio de los fascistas, me pegaron en las piernas y en la cabeza, fue como una tortura, cuando intentaba levantarme me volvían a pegar en las piernas”. “La isla es un desastre”, asegura desde Mitilini, la capital de Lesbos. Desde ese lunes, la mayoría de ONGs pararon su actividad y a partir del fin de semana, con el anuncio de apertura de fronteras por parte de Turquía, muchas optaron por invitar e incluso obligar a sus voluntarios registrados a salir de la isla.
“A mí ya me habían dicho que no me podía implicar en las manifestaciones de mujeres refugiadas que ocurrieron hace un mes y en las que participé”, explica Julia Artiga, voluntaria de una ONG suiza activa en Lesbos desde 2015. Después de participar en algunas de las movilizaciones casi espontáneas que se dieron durante la última semana de febrero, Artiga, como el resto de voluntarios y trabajadores de esta ONG, recibió un mensaje que decía “por motivos de seguridad tienes que abandonar la isla”, explica la catalana de 23 años.
Ella hubiera preferido quedarse para seguir apoyando al colectivo de refugiados pero “me llamaron y me dijeron que tenía que sacar mis cosas de la casa de la ONG y que tenía que ir al puerto, que ya me habían comprado el billete de ferry y que no tenía elección”. El ferry al que se subió iba “lleno de personas cooperantes, había unos 80 migrantes y el triple de personas de ONGs”, cuenta.
La criminalización y persecución de las ONGs por parte de los medios de comunicación y la población locales y las medidas internas de éstas para evitar una politización más aguda de sus actividades, ha hecho que en pocos días la isla se vacíe de los jóvenes rubios que abundaban hace unos meses. Los grupos de extrema derecha en la isla parecen haberse proliferado y organizado. Tienen sus propios check points en la isla y, según denuncia el refugiado sirio, “sabemos que tienen un grupo de WhatsApp, sacan fotos de extranjeros, fotos de los coches de la gente de ONGs y lo comparten en el grupo”.
El domingo 1 de marzo, mientras se acercaba a la isla un dingui cargado de familias refugiadas, estos grupos xenófobos boicotearon su llegada con gritos y golpearon al periodista Michael Trammer, quién estaba cubriendo el episodio. Después de arrojar su cámara al mar y amenazarlo, el fotógrafo tuvo que salir de la isla el día siguiente.
El primer ministro griego agradecía este martes a través de un tweet “a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad y a los residentes que han ayudado” a dejar “bajo control” la situación en las zonas de frontera. La sensación en la isla es que el odio de los grupos de extrema derecha está siendo un perfecto aliado de las políticas represivas -y ahora sanguinarias- del gobierno griego secundadas férreamente por Europa. Unas políticas que no son tan nuevas ni tan excepcionales, pues la muerte en el Mediterráneo es una tragedia ya normalizada entre la sociedad europea. Las tres muertes, dos hombres y un niño, de personas refugiadas provocadas por las balas europeas esta semana se suman a las más de 15.000 que acumula esta frontera desde 2014.
Fuente: El Salto