Ambos países mantienen vigente un “acuerdo sobre protección de información clasificada en la industria de defensa”, dirigido a impedir que se conozcan los detalles de esos programas. En 2017, las exportaciones de ese tipo a Ankara alcanzaron los 301,5 millones de euros.

Llueve fuego sobre el Kurdistán. La Turquía de Recep Tayyip Erdogan ha lanzado el ataque tantas veces anunciado contra la población kurda en el norte de Siria. Llueve muerte y llueven bombas. En España, mientras, hay nubarrones de silencio sobre las relaciones en materia de Defensa entre este país y Erdogan: así lo decretó el Gobierno de Rajoy en marzo de 2018, poco después de que el Gobierno turco lanzara una ofensiva terrestre y aérea contra los kurdos en la región de Afrin.

El manto de silencio se empezó a tejer en 2014. El 25 de junio de aquel año, José de Blas, jefe de la Oficina Nacional de Seguridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se encontró en Ankara con el General de Brigada Mustafá Avci, Director Nacional de Armamento y Subsecretario adjunto de Tecnología y Coordinación del Ministerio de Defensa. Juntos firmaron el “Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada en la industria de la Defensa entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía”, que en realidad tardaría casi cuatro años en entrar en vigor.

El 20 de marzo de 2018, el Gobierno de Rajoy publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto que ponía en marcha el convenio de confidencialidad entre ambos países. Según ese texto, el acuerdo había entrado en vigor algunos días antes, el 2 de marzo de 2018, “fecha de la última notificación entre las partes”.

De esa manera, los Gobiernos de Rajoy y Erdogan acordaron “garantizar la protección recíproca de la Información Clasificada relacionada con la industria de la defensa que se intercambie y/o se genere en el curso de la cooperación entre las Partes y/o entre organizaciones de las mismas”. Se refiere en concreto a “la protección de la Información Clasificada que se intercambie mutuamente en el marco de programas/proyectos o contratos relativos a la industria de la defensa celebrados entre las Partes”.

Por “contrato clasificado”, especificaba el documento, “se entenderá todo acuerdo jurídicamente exigible entre las Partes y/o entre organizaciones” para “suministrar bienes o prestar servicios, incluida la Información Clasificada relacionada con la industria de la defensa”. Asimismo, se definía como “información clasificada” cualquier “información, documento o material que pueda comunicarse, independientemente de su forma, sobre los que se determine que exigen protección contra su divulgación no autorizada y que haya sido designada como tal mediante una clasificación de seguridad”.

Se establecía además que el acuerdo tendría un periodo de validez de cinco años. “No obstante, en caso de que alguna de las Partes no envíe una notificación de denuncia en forma escrita y por conducto diplomático con, al menos, 30 (treinta) días de antelación a la fecha prevista de extinción del presente Acuerdo, dicho periodo de validez se entenderá prorrogado automáticamente por periodos de un año”, agregaba.

«Peticiones de los compradores»

“Anteriormente se aprobaron convenios de este tipo con Singapur y Arabia Saudí”, afirma a Público Jordi Amadans, director de Fundació Per la Pau (FundiPau). En tal sentido, remarca que “en general son peticiones de los países compradores, conscientes de que las ventas de armas a esos sitios pueden ser objeto de discusión o debate político”. “Cuanto más reservado todo, mejor, así no hay un debate público”, afirma.

En cualquier caso, destaca que la confidencialidad “no puede ser absoluta, porque el Gobierno está obligado por la Ley de Comercio de Armas a presentar unas estadísticas anuales”. “Ese tipo de información debe ser publicada de forma semestral, y además tiene que realizar un informe anual. Sería muy grave que por ese acuerdo de confidencialidad se escondieran datos”, apunta.

Precisamente, los últimos datos recogidos por Fundipau, Intermon Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace –organizaciones que componen la campaña Armas Bajo Control– indican que España ha permitido negocios millonarios en materia de Defensa con Turquía. Según consta en el “Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en 2017”, las exportaciones de ese tipo de productos a Ankara alcanzaron ese año los 301,5 millones de euros.

Entre otras cosas, España vendió a Turquía granadas de fusil, municiones y cartuchos para arma corta, agentes químicos o biológicos, materiales energéticos, buques de guerra y aeronaves. “El 89,78% fue para las FF.AA., el 0,92% para la policía y el 9,30% para la empresa privada”, destaca el documento.

Durante 2017, el Gobierno de Rajoy concedió además 31 licencias para la venta de material de defensa a Turquía por un valor de 965,9 millones de euros. De acuerdo al informe elaborado por Armas Bajo Control, se autorizó la venta de armas pequeñas, municiones, vehículos terrenos y materiales energéticos como explosivos. También figuraron entre las licencias concedidas una serie de buques y aeronaves.

«Uso ilegítimo»

Tras analizar esas cifras, las organizaciones promotoras del estudio mostraron su preocupación por el “riesgo sustancial de uso ilegítimo de las armas pequeñas y municiones y otro material militar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional tanto en la represión interna como en el sureste del país”.

Por ello, Armas Bajo Control recomendó al Gobierno español “revocar y dejar de autorizar licencias de exportación de armas pequeñas y su munición y de otro material militar y de seguridad que se pueda utilizar para facilitar las continuas violaciones sistemáticas de derechos humanos en Turquía que impliquen el uso y la amenaza de fuerza armada por parte de la policía y los militares”.

“Esta medida de cese debe mantenerse hasta que el Gobierno turco aplique reformas jurídicas y medidas administrativas eficaces para acabar con la impunidad, garantizar la libertad de expresión y asociación, poner fin a la tortura, liberar a los presos de conciencia y garantizar que las fuerzas de seguridad usan la fuerza de acuerdo con las normas internacionales al respecto”, apuntaba.

Del mismo, reclamaba “investigar el uso final de los dos aviones de transporte y las partes y componentes de aeronaves militares exportadas para determinar si se han usado para facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en las operaciones militares en Turquía y/o en Siria, en cuyo caso debe ponerse fin inmediatamente a la exportación de ese material”. Es allí, en Siria, donde ahora llueve fuego.

 

Fuente: El Público